La Presidenta Cristina Fernández inaugurará el próximo jueves 16 la autovía de la ruta nacional 14 y solo a tres kilómetros, de donde se montará el escenario, sigue en pie un gran comercio que atiende a sus clientes a centímetros de la nueva cinta asfáltica. Años atrás, en 2009, operarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y personal de la Gendarmería Nacional habían procedido a desmantelar de forma completa el negocio, pero los propietarios volvieron a levantar una estructura ocuparon una franja de la banquina de la ruta. Además, entre las dos cintas asfálticas de la autovía, se ha volcado una cantidad de tierra que permite que hasta los automóviles que transitan en dirección sur/norte puedan atravesar perpendicularmente la autovía para estacionar frente al comercio.En mayo del año 2009 se había desmantelado el puesto de Regionales María, un negocio de venta de artículos varios que desde hacía 30 años usurpaba terrenos fiscales en el kilómetro 264 de la ruta nacional 14.
El hecho que terminó por sellar la suerte del emprendimiento fue la construcción de la Autovía Mesopotámica, ya que el negocio estaba sobre plena traza de la mano con sentido norte/sur, la cual hoy ya se presenta totalmente culminada a pocos días que se concrete la visita presidencial para dejar inaugurado es tramo de la obra.
Según información extraoficial, desde el Escuadrón 4 de Gendarmería ya se habría advertido a los titulares del negocio que-nuevamente- estaban incurriendo en una grave infracción, pero a juzgar por el montaje que se ha hecho nuevamente en ese punto de la ruta. Sin embargo, según relató Diario Río Uruguay, dicho avisos no habrían generado onda preocupación en el responsable del negocio identificado como Jorge Coduri, quien desde hace más de 3 décadas ocupa ilegalmente una extensa porción de tierra fiscal.
El negocio funciona tan cerca de la cinta asfáltica que los vehículos que estacionan para comprar distintos productos quedan con sus paragolpes traseros a escasos tres o cuatro metros del lugar por donde pasarán los autos cuando se habilite, con el agravante que por tratarse de una recta las normas vigentes autorizan a que se desarrolle una velocidad máxima de 120 km/h.
“Si llegara a darse un despiste eso sería un desastre”, remarcó a ese medio una fuente vinculada a las empresas que trabajan en el lugar. Subrayando que justo en ese tramo, la ruta presenta una recta de aproximadamente 4 kilómetros por lo que la mayoría de los vehículos transitan por allí lo harán a las máximas velocidades.
Historia
Regionales María se instaló en un terreno propiedad de Vialidad Nacional a finales de la década de 1970, sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 264, y con el tiempo llegó a ocupar un tramo de 2 kilómetros, parquizado y con cartelería publicitaria.
Pero en 2008 comenzaron los problemas. El emplazamiento del local quedó en medio de la nueva traza de la ruta, convertida en autovía. Incluso, la contratista de los trabajos llegó a suspender las tareas, mientras el propietario de Regionales María, Jorge Coduri, desplegaba una batería de acciones judiciales y movía contactos políticos en procura de alcanzar un acuerdo que no le significara el desalojo.
En 2005, la senadora nacional, mandato cumplido, Laura Martínez Pass de Cresto (PJ), esposa del ex intendente de Concordia Juan Carlos Cresto, presentó en el Senado de la Nación un proyecto a través del cual transmitió su “inquietud” acerca de la inminente desaparición de Regionales María a consecuencia de la continuidad de las obras de construcción de la autovía sobre la ruta 14.
Pero las gestiones no impidieron que Vialidad avanzara con su pedido de desalojo, que presentó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde encontró eco favorable. La decisión de la jueza Aranguren motivó una apelación, hecha por el abogado de Coduri, Gustavo Velzi, ante la Cámara Federal de Paraná, que luego fue retirada ante la alternativa de una negociación política, que tampoco prosperó.
El abogado Velzi había intentado, además, llevar adelante un juicio de usucapión de modo de legalizar la ocupación, pero dicha estrategia no prosperó.
Las idas y vueltas giraban no sólo en torno a conseguir un plazo más largo para reubicar el negocio, sino también para negociar el importe de la indemnización que pretendía Coduri. Vialidad se había mostrado dispuesta a pagarle 54 mil pesos, pero la cifra pretendida por el dueño de la firma era diez veces más alta: 500 mil pesos.
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