POR UN JUICIO DE UNA EX DIRECTIVA: El Centro de Jubilados podría sufrir el remate de su sede

SAN SALVADOR.- El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de nuestra ciudad se encuentra en una encrucijada a raíz del juicio entablado por una ex miembro de la comisión que trabajo y ocupó diversos cargos entre 1997 y 2006, que ganó en primera instancia, pero fue apelado. Es enorme la preocupación que existe ante la posibilidad de perder el inmueble que posee la institución. La comisión envió a LA SEMANA una carta abierta donde detalla el caso y la increíble situación que tiene que afrontar por la complicidad de ex dirigentes que han dejado una mancha difícil de borrar.

CARTA ABIERTA A LA COMUNDIAD DE SAN SALVADOR Y EL DEPARTAMENTO
“Hubiéramos preferido que esta carta abierta jamás hubiera ganado los titulares de nuestros medios de comunicación, pero la impotencia y la necesidad de hacerle saber a la comunidad de San Salvador y, en especial, a nuestros jubilados y pensionados, la injusticia heredada de un juicio que nunca debió haberse iniciado nos puede más y nos indigna al extremo de denunciar este atropello”.

“La Justicia ha fallado en primera instancia en contra del Centro de Jubilados y Pensionados nacionales en un juicio por un reclamo laboral promovido por una señora que desde 1987 hasta 2006 ocupó diversos cargos institucionales en las sucesivas comisiones directivas de nuestro centro. El juicio laboral pretende que nuestra institución indemnice a esta señora por haberse desempeñado con exclusividad y como trabajadora dependiente de nuestra entidad como “personal de maestranza” por todos los años en que dice haber cobrado “en negro” y sueldos por debajo de lo que marca la ley, sin recibos, aportes, ni obra social. Durante todo el tiempo en que dice haberse desempeñado como empleada de limpieza, esta señora –que además es pensionada y era entonces socia activa de nuestra institución- siempre ocupó funciones directivas, ya sea como miembro titular o suplente en los cargos de vocal, revisora de cuentas, secretaria, prosecretaria, y otros tantos lugares en nuestra institución”.

“Para ganar el juicio, esta señora contó con el apoyo de personas que oficiaron de testigos de favor y que –casualmente- también desempeñaron altos cargos directivos de este Centro hasta el 2006 en ocasiones, como presidente y tesorero de nuestra asociación civil”. “La situación nos entristece por un lado y nos indigna por otro. La tristeza tiene que ver con la increíble colaboración en el juicio de personas que han sido responsables, como máxima autoridad del centro, en la supuesta contratación de quien inició el juicio laboral al haber en todo caso, permitiendo su desempeño en negro, violando la ley y pagando sueldos cuando el propio estatuto de la entidad lo prohíbe expresamente; sin embargo, esta señora que fue presidenta de nuestra entidad no fue enjuiciada por su amiga “trabajadora” porque seguramente la necesitaba como testigo para su juicio”.

“La indignación aparece cuando consideramos que este centro como único recurso para su funcionamiento tiene la cuota social que es de cuatro pesos por mes y un bono contribución que se hace una vez al año, ya que la gente que participa de la comisión directiva lo hace de forma desinteresada, con el solo espíritu de colaboración y en defensa de sus socios y sobre todo de la institución”.

“El único patrimonio del centro es su sede social, que tuvimos que dar en embargo para poder apelar y así continuar con el juicio, defendiendo hasta las últimas consecuencias lo que tanto costó a muchos colaboradores de varias generaciones, de las cuales algunas de ellas ya no están entre nosotros por estos días,pero sí pusieron en esto lo mejor de sí”.

“ESE ÚNICO PATRIMONIO PUEDE DESAPARECER POR EL REMATE QUE LA SEÑORA PUEDE HACER SI LOGRA VOLVER A GANAR”.

Así nuestros socios se quedarán sin tener el lugar donde autorizar sus análisis, sin enfermería, sin podología, y otros beneficios. Pero lo que es quizás más importante es retirar los 302 bolsones de Pro- Bienestar que se preparan y se entregan todos los meses, esto que afectaría a nuestros abuelos más humildes, y por lo tanto más vulnerables”.

“Creemos que la sociedad de San Salvador tiene que saber la magnitud de esta injusticia que heredamos para que toda la comunidad reaccione frente a estos actos de atropello a las instituciones, de falta de ética y avasallamiento a todas las familias de los jubilados y pensionados nacionales que del año 1980 tienen ganada una trayectoria, un prestigio y una presencia en San Salvador, que ningún juicio, ningún abogado y ningún ex directivo podrán borrar”.

“Como tantas veces, apelamos a la población de San Salvador para que contribuya a sostener nuestra integridad, acudiendo en nuestro auxilio y demostrando que las injusticias de algunos vecinos que atentan contra las instituciones que los agrupan tienen como merecido el repudio social de toda la comunidad.
La Comisión Directiva”. Fuente: La Semana.